La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, decidió por mayoría el mantenimiento de la libertad de tres imputados por asociación ilícita e intermediación financiera en la financiera ubicada en la segunda cuadra de calle San Jerónimo, conocida por el nombre de sus titulares, “Los chetos del sur”.
Ellos son Francisco “Piqui” Novillo Saravia, su hermano Tomás Novillo Saravia y Carlos Raúl López Villagra, quienes podrán continuar el proceso en libertad pese a los pedidos del fiscal de la causa Carlos María Casas Nóblega. La Cámara determinó que cada uno de ellos ahora deberá presentar una caución real (fianza) de 100 millones de pesos y comparecer en persona todos los meses ante el juzgado.
A mediados de 2023 Casas Nóblega lanzó 13 allanamientos que tuvieron como centro la oficina B del primer piso de San Jerónimo 177 y un departamento de unos pisos más arriba que servía para guardar valioso material probatorio, según fuentes de la causa. Aparentemente, esa oficina funcionaba detrás de una pantalla de una sociedad de bolsa legal que se encuentra en un recinto contiguo.
Casas Nóblega pidió en ese momento la detención de los tres, con sobrados argumentos de fundamentación, pero el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja se la denegó entendiendo que no había peligro procesal y que podían sostener su libertad con 20 millones de pesos de caución real (fianza) cada uno.
Frente a esto, el fiscal presentó una apelación para que la Cámara Federal decida sobre la necesidad de detenerlos o la posibilidad de que sigan el proceso en libertad.
El tribunal de alzada, por mayoría, decidió que los hermanos Novillo Saravia y López Villagra sigan libres. Votaron en este sentido los camaristas Liliana Navarro y Eduardo Ávalos, oponiéndose Graciela Montesi.
Vaca Narvaja señalaba en setiembre pasado que los tres imputados “no cuentan con antecedentes penales y no han sido declarados rebeldes, por lo que en el hipotético caso de recaer condena, no serán declarados reincidentes, ni resultará de una entidad tal que por sí misma permita presumir que los encartados eludirán el accionar de la justicia”.
Además, el juez de instrucción sostuvo que “de las encuestas ambientales realizadas, surge que los encartados tienen tanto arraigo familiar como laboral”.
En oposición al fiscal que planteaba el riesgo de fuga fuera del país, el magistrado entendió que la Dirección Nacional de Migraciones realiza a conciencia y con celo su labor, no existiendo posibilidad de que una persona con prohibición judicial de salir del país pueda legalmente transponer las fronteras.
Casas Nóblega presentó la apelación y se agravió indicando que “existen indicios de peligrosidad procesal”. Añadió que los tres imputados deben responder por asociación ilícita en calidad de jefes y organizadores e intermediación financiera no autorizada. Con estos cargos, el fiscal entiende que, de recibir condena, esta no sería efectiva.
El acusador destacó “la facilidad para irse del país de los encartados en virtud a la solvencia económica y contactos con los que cuentan, la complejidad de la causa atendiendo la cantidad de cuerpos por lo que está constituida, como así también por las complejas maniobras que se les sindica haber realizado”.
Además, Casas Nóblega se quejó porque los tres ”tienen una importante conexión con clientes, operadores y terceros vinculados a la financiera ilegal, lo que da cuenta de que los imputados podrían entorpecer o influir en futuros testimonios o medidas investigativas”.
Mencionó en su apelación que los imputados después de los allanamientos “fugaron parte de sus fondos a Uruguay” y sostuvo que Francisco Novillo Saravia dialogó con otra persona y mostró su preocupación por “controlar las pruebas que podrían encontrarse en relación a la operatoria desarrollada”.
Siguen libres
El voto de los vocales Navarro y Ávalos indica que los imputados han permanecido libres durante toda la investigación sin que el fiscal haya demostrado en ese interín que puedan estar entorpeciendo la investigación o estén planificando su fuga.
Añaden estos camaristas que los Novillo Saravia y López Villagra han comparecido mensualmente ante el tribunal, según lo estipulado. Se agrega que transcurrieron ocho meses, lo que demuestra la voluntad de someterse a proceso.
La disidencia de la vocal Montesi es extensa y con diversos argumentos. Entiende que la libertad puede poner en riesgo la investigación, especialmente por la complejidad de las maniobras que describe la acusación y por la cantidad de personas que intervinieron en esas operaciones.
Con relación a la peligrosidad procesal, la vocal disidente sostiene que es negativa la actitud desplegada por los tres señalados como jefes de asociación ilícita tras los allanamientos. Se indica que habrían impartido órdenes al resto de los miembros de la banda para seguir operando en otro lugar.
También se indica que Tomás Novillo Saravia habría asesorado a clientes para sacar dinero a paraísos fiscales y que los tres fugaron divisas a Uruguay.
Según Montesi, los imputados no comparecieron personalmente como tenían determinado, sino que en ocasiones lo hicieron a través de WhatsApp.