El peronismo hizo todo el silencio que pudo sobre el caso de José Alperovich, quien acaba de ser condenado a 16 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina. No le abrió un juicio político en el Senado ni propició que le quitaran los fueros, pero habilitó la presión política de sus legisladoras mujeres para que el exgobernador tucumano pidiera licencia. El exgobernador se vio forzado a tomarla, pero terminó su mandato en la Cámara alta sin recibir sanción alguna.
Corría 2005 cuando Néstor Kirchner desembarcó en Tucumán para encabezar el acto del 9 de Julio. Lo hizo acompañado por Cristina Fernández, la primera dama, que ese año le ganaría las elecciones legislativas a Hilda “Chiche” Duhalde en la provincia de Buenos Aires y le permitiría al kirchnerismo hacerse del control político del PJ. Los anfitriones eran el gobernador Alperovich y su esposa Beatriz Rojkés. Ya entonces se percibía una buena sintonía entre ambas mujeres.
Eran los tiempos en que la Casa Rosada tenía una pésima relación con Jorge Bergoglio, el cardenal porteño a quien la mesa chica kirchnerista consideraba como el “jefe de la oposición”. Los viajes de los Kirchner en Tucumán y a otras provincias en fechas patrias -elegían Santiago del Estero para el 25 de Mayo- tenían una razón política: eran menos por convicción federal que por la necesidad de restarle protagonismo a quien más tarde se convertiría en el Papa Francisco.
Los Kirchner y los Alperovich convivieron políticamente durante tres mandatos consecutivos, tanto los presidenciales como los de la gobernación de la provincia norteña, hasta 2015. En el medio, la alianza en la interna peronista se plasmó con la designación de Beatriz Rojkés de Alperovich como presidenta provisional del Senado. Años más tarde, fue el propio Alperovich quien llegó a la Cámara alta, ante la imposibilidad de seguir reeligiéndose en Tucumán. Allí el poder político cambió de manos y entró en escena Juan Manzur, el nuevo hombre fuerte del PJ provincial.
Cristina Kirchner y José Alperovich compartieron dos años en el Senado, entre 2017 y 2019, como integrantes de la bancada opositora al gobierno de Cambiemos, a cargo de Mauricio Macri. Hasta que ella fue elegida vicepresidenta de Alberto Fernández y regresó a la Cámara alta ya como titular del cuerpo legislativo. Fue durante ese mandato que estalló el escándalo con la denuncia de la sobrina de Alperovich en 2020. El único que salió a proclamar el principio de inocencia fue José Mayans, el jefe del bloque del Frente de Todos, mientras que Cristina guardó silencio.
Fue en ese momento cuando el kirchnerismo le soltó la mano a Alperovich. Lo hizo al forzar al exgobernador tucumano a pedir una licencia en el Senado, tras un pronunciamiento de la Banca de la Mujer, que encabezaba la peronista pampeana Norma Durango. “Una vez más nos ponemos de pie para hacer oír nuestra voz. Nos solidarizamos con las mujeres que han sido abusadas o acosadas, dentro y fuera de este Senado”, afirmaron las integrantes de ese grupo. La camporista Anabel Fernández Sagasti abundó: “Siempre les creemos a las mujeres”.
La situación no solamente incomodó al peronismo, sino también a las otras fuerzas del Senado que presionaron para que Alperovich tomara la licencia. Lo hizo primero por 180 días y luego por otros 90, hasta que terminó su mandato en 2021. En el camino, el presidente Alberto Fernández había tomado cierta distancia: “Espero que se investigue. Si la denuncia es cierta, es muy grave”, dijo. Como sucedió con el resto del peronismo, prefirió evitar una condena pública a Alperovich.
En ese mismo lenguaje político, el ahora senador tucumano Manzur enterró a quien fuera su mentor partidario. “Una o dos veces la vi en casa de gobierno y otra en el departamento que José Alperovich tenía o tiene en Capital Federal”, declaró Manzur ante el tribunal, en referencia a la mujer que denunció el abuso. Para ese entonces, Alperovich ya era un muerto político. Aunque salvo algunas pocas mujeres del PJ, no hubo quienes salieran a cuestionarlo públicamente. Habrá que ver si ahora, confirmado el fallo a 16 años de prisión, cambia esa actitud partidaria.
LA NACION