Cuando se supo que un proyecto de barrio cerrado iba a avanzar sobre el espacio verde que caracteriza la costa de San Isidro, la zona se volvió un foco de reclamo de los vecinos. Se trataba de un barrio cerrado de condominios denominado Costa Townhouses Al Río.
El proyecto de viviendas se había aprobado en 2020 bajo la gestión municipal de Gustavo Posse, aunque nunca se estableció la fecha de inicio. Iba a ubicarse sobre Sebastián Elcano y Alvear, plena costa de Martínez, con una altura de dos pisos. Ahora, la nueva administración de Ramón Lanús (de Juntos por el Cambio) consiguió, a través de un decreto, cancelar dicha asignación. Desde el inicio, los residentes del barrio alegaban que el inmueble atentaba contra el uso público de la zona, en especial, del Parque de la Ribera.
Aunque dos restaurantes que se emplazaban en el terreno, clásicos del barrio —Fedras y Malloys—, fueron demolidos a finales de 2023 y principios de 2024 con el fin de empezar la construcción, el cambio de gobierno llevó a que el proyecto quedara suspendido por las habilitaciones municipales, ya que cualquier obra en el lugar debe cumplir con condiciones urbanísticas, ambientales y administrativas. Según informó este medio entonces, la empresa a cargo de las obras, Narváez Desarrollos, había “dado un paso al costado”, dejando la iniciativa en manos de los dueños del terreno, ya que este es privado.
Finalmente, el 27 de septiembre pasado la intendencia firmó el decreto que deja sin efecto al anterior, a causa de “varios incumplimientos a las condiciones esenciales a las que se había sujeto la autorización”, informaron. Es que para obtener la aprobación definitiva debían, entre otras cuestiones, mostrar la factibilidad de las empresas, prestando servicios de agua potable, luz y electricidad. Esto implica ejecutar obras, por ejemplo, para cloacas, sobre todo por tratarse de una locación tan cercana al río. Pero según la nueva resolución, estas no se encontraban “contempladas dentro de los planes de obra de AySA”.
Otros problemas tuvieron que ver con la provisión de gas natural, ya que la empresa habría alegado que “todo el equipamiento sería eléctrico”, pero esto no fue expresado en el certificado extendido por Edenor, que solo afirmó que “es factible brindar el suministro eléctrico requerido”, sin más precisiones.
La intendencia de JxC venía expresando su descontento con el proyecto incluso antes de asumir en el poder. En diálogo con LA NACION, Lanús sostuvo: “Creíamos que no respetaba lo que el sanisidrense quiere para la costa. Ahora, por incumplimientos, retrotraemos los efectos del decreto [de Posse], en línea con la mirada que tenemos para el espacio”.
El incumplimiento de los requisitos, así como de los plazos legales, jugaron a favor de la gestión, que tuvo que intimar a la compañía en tres ocasiones por no presentar los papeles correspondientes. Las omisiones permitieron que la obra se cancele sin que esto represente un perjuicio económico para el municipio por parte del dueño de la tierra, quien podría haber hecho un reclamo, ya que la nueva decisión se ampara en la ley y el código urbanístico.
La empresa a cargo del proyecto inmobiliario entiende el cambio de paradigma que significa el traspaso del mando gubernamental. Fabián Narváez, presidente de la inmobiliaria, contó a este medio que desde diciembre del año pasado ellos se corrieron, porque vieron que todo venía trabado. La discusión quedó a cargo del dueño del terreno y sus abogados. “Ni siquiera sabíamos que había un decreto anulando al anterior. El propietario llevaba el tema directamente”, contó.
Además, remarcó que Narváez Desarrollos acostumbra a tratar con diversas administraciones municipales, no solamente en San Isidro —también desarrollan proyectos en San Fernando, Tigre, Pilar, Vicente López—, y que es normal que con las gestiones entrantes se modifique la mirada urbanística.
“Quizá los funcionarios que están ahora entienden que ahí no puede ir ese proyecto. La política puede cambiar para cualquier lado, no necesariamente una más o menos densa. Cada uno ve cómo quiere expandir urbanamente el municipio. Acá me parece que la mirada es más de desarrollar la costa. Nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios y nuevas posiciones, y seguir trabajando en el sentido de la política que marque cada municipio”, concluyó.
Desde la gobernación sostienen, a su vez, que la construcción no era consistente con la mirada que tienen para la costa de San Isidro, especialmente porque los edificios generarían una “barrera” en un espacio de uso semipúblico. La intendencia busca hacerla accesible y caminable, es decir, mantener la zona ribereña pública y asegurar el acceso de los vecinos.
El propio Lanús remarcó al ser consultado: “Queremos recuperar el acceso a la costa. Hay varios lugares que son privados, en algunos hay explotación comercial que lo bloquea. Ese proyecto [Townhouses Al Río] hubiera puesto un paredón y hubiera continuado con esa política de obstruir el paso de los vecinos. Nosotros queremos lo contrario”.
En este sentido, otra intención es crear un corredor que conecte la costa desde el barrio de Martínez hasta el límite con San Fernando, es decir, lograr la mayor continuidad posible entre la parte norte y sur del partido. Pero, como aclaró el intendente, todavía no hay un proyecto concreto para que esto pueda llevarse a cabo. Es una situación compleja porque, además de esos locales comerciales, en su mayoría gastronómicos, sobre la ribera también hay viviendas y clubes.
“Estamos preparando proyectos, pero no tenemos nada listo todavía. Estamos en contacto con urbanistas para empezar a trabajar desde Alvear y el río hasta el otro extremo de la costa, en 33 Orientales –remarcó Lanús–. La buena noticia para los vecinos es que tienen un gobierno que quiere recuperar el acceso a la costa”.
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