La asociación Animales en Apuros, arraigada en el voluntariado y el activismo con los felinos, lanza una última alerta desesperada porque la incapacidad económica asfixia su existencia y enfila la desaparición de un refugio que actualmente congrega a más de 70 gatos. Desde el Ayuntamiento de Lucena aseguran que insisten en explorar vías legales que sustenten un nuevo acuerdo de colaboración, aunque las exigencias para catalogar un «núcleo zoológico» complican sobremanera la liberación de fondos municipales.
El servicio vigente establecido en el municipio y dirigido a la recogida y cuidado de animales excluye a los felinos. Este contexto motiva la actividad altruista de este colectivo, que asume a gatos callejeros tras su castración, abandonados y enfermos, con la finalidad última de protegerlos y entablar adopciones.
Los miembros de Animales en Apuros a menudo generan hogares de acogida en sus propios domicilios y trasladan animales enfermos y camadas a viviendas de colaboradores. Los gastos ordinarios han alcanzado cifras inasumibles sin la suscripción del convenio anual con el Consistorio. Esta entidad ha de afrontar el alquiler de las instalaciones, pago de los suministros de luz y agua, alimentación, importes de los veterinarios, así como otros derivados de la farmacia, limpieza o seguros.
Defienden como imprescindible «el servicio» que reportan a la comunidad y la contribución a impulsar «una ciudad mejor», expresa el portavoz, Joaquín Campos, quien admite que soportan «un tope de endeudamiento». Describe que en este año 2024 únicamente han obtenido «buenas palabras y promesas» desde el Consistorio, sin concretar la renovación del convenio vigente hasta 2023. Es más, alude a «excusas y una complicación tras otra» desde instancias municipales, anuncia el inminente «cierre» del refugio y avanza que los gatos «irán muriendo irremediablemente en nuestras calles», aparte de la paralización de los procesos de castración.
Ante esta coyuntura, el concejal de Sanidad Animal, Javier Pineda, incide en la pretensión del Ayuntamiento de alargar la cooperación con el colectivo, una postura que colisiona con las exigencias de la Ley de Bienestar Animal, vigente de 2023, y que «impide» prolongar el convenio. «No nos cerramos a ningún acuerdo», aclara, puntualizando que «el refugio no es acorde a la legalidad vigente». De otra parte, anuncia que el Ayuntamiento a partir del próximo ejercicio desarrollará diferentes funciones respecto a estos animales. En todo caso, significa que siguen analizando «fórmulas legales», como un traslado de las dependencias a otro sector de la ciudad, fuera de un suelo industrial.