Un informe de la consultora internacional PwC plantea que la Argentina se encamina a tener superávit fiscal financiero por primera vez en 16 años, aunque vuelve a plantear que parte del resultado se debió al “efecto licuadora” que produjo la inflación sobre los pasivos.
“La actual administración se encamina a alcanzar superávit primario y financiero del sector público nacional por primera vez desde 2008”, señala PwC en su último reporte conocido como GPS.
La consultora señala que “en los 10 primeros meses del año, la actual administración acumula un resultado primario positivo de $10,3 billones y un resultado financiero superavitario por $2,9 billones”.
“De esta forma, a poco de que se acabe el año, todo indicaría que el rumbo se mantendrá y que las cuentas públicas van a dar positivo por primera vez en los últimos 16 años”, señala el estudio.
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El trabajo recuerda que “la Argentina en los últimos 63 años solo alcanzó superávit primario en 14 oportunidades; mientras que, a nivel financiero, es decir cubriendo el pago de los intereses de la deuda, se obtuvo superávit solo en los 6 años que van de 2003 a 2008”.
PwC dice que “el ajuste ha venido principalmente por el lado del gasto, ya que durante los primeros 10 meses de 2024 la participación del primario respecto del PBI bajó a 11%, de los 14,2% en los mismos diez meses de 2023; mientras que los ingresos totales alcanzaron 12,7% frente a los 12,6% del mismo período del año pasado”.
“Uno de los factores preponderantes en la baja real del gasto fue la inflación. El Congreso no sancionó el Presupuesto para 2024, con lo cual el país opera con el vigente en 2023. Esta circunstancia hizo que los valores de gasto quedaran estables en términos nominales frente a una inflación que terminará por encima del 100% interanual, implicando una licuación del gasto real”, asegura la consultora.
El informe indica que “luego le siguió el ajuste de partidas discrecionales como lo son la obra pública (gasto de capital) y las transferencias a las provincias”.
El reporte advierte que “hay un límite en continuar recortando el gasto de capital, es decir obra pública, sin una contrapartida de inversiones en infraestructura por parte del sector privado”.
“Esto no solo implica que no se desarrollen obras necesarias para mejorar la infraestructura y competitividad del país -lo que eventualmente podría darse por iniciativa privada-, sino que también genera un deterioro de la infraestructura existente, a no reponerse el natural deterioro de esta”, explicó la consultora.