La histórica moratoria sobre la soja plantada en la Amazonía brasileña está en peligro ante una nueva ofensiva lanzada por legisladores de derecha y productores agrícolas para extinguirla, lo que puede llevar a un repunte de la tala según las ONG.
El acuerdo fue firmado en 2006 por comercializadoras de granos, como la gigante estadounidense Cargill, que se comprometieron, de forma voluntaria, pero bajo presión de la sociedad civil, a no comprar soja de fincas que deforestaran, incluso si lo hacían legalmente.
Desde entonces, gracias al monitoreo satelital, alrededor del 10 % de la soja producida en la Amazonía (unos 2,6 millones de toneladas) ha sido bloqueada y no puede ser vendida a las empresas firmantes del pacto, según el último informe de seguimiento.
Una medida eficaz
Los números hablan de la efectividad de la medida: en la última cosecha de soja tan solo el 3,4 % de los 72.800 kilómetros cuadrados plantados en el mayor bosque tropical del planeta estaba en áreas taladas después de 2008 o incumplía algún otro principio del acuerdo.
Explotación de soja en Brasil / Agencias
Ahora, la moratoria, a la que están adheridas el 90 % de las comercializadoras de la región, se enfrenta a un bombardeo de proyectos de ley que buscan enterrarla, así como a la apertura de una investigación por parte de las autoridades de competencia económica.
“El acuerdo está en riesgo serio debido a un movimiento de una parte retrógrada del sector agropecuario que se fortaleció mucho en los últimos años”, afirma a EFE la coordinadora de campañas de Greenpeace, Cristiane Mazzetti.
Pérdidas de los agricultores
Para una mayoría de agricultores, la moratoria siempre fue vista como un engorro que imponía exigencias adicionales a las de la ley forestal brasileña, que permite talar hasta un 20% en fincas privadas de la Amazonía.
Según estimaciones de los agricultores, en el estado de Mato Grosso, el mayor productor de soja de Brasil, el bloqueo de fincas por parte de las firmantes del pacto ha provocado pérdidas de más de 20.000 millones de reales (unos 3.200 millones de dólares).
“No vamos a ahorrar esfuerzos para extinguir de una vez la moratoria y para que sean reparados los daños”, avisó la semana pasada el presidente de la Asociación de Productores de Soja de Mato Grosso, Lucas Beber.
Gran parte de la deforestación de la Amazonía se debe a la soja / Agencias
Esta asociación acaba de presentar una denuncia ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica, el organismo encargado de velar por el buen funcionamiento del mercado, al considerar que el pacto viola los principios de libre competencia económica.
Leyes para retirar beneficios fiscales
Otra línea de ataque ha sido la aprobación de leyes en los estados de Rondonia y Mato Grosso, con textos casi idénticos e impulsados por diputados de ultraderecha vinculados al sector agrícola, que retiran beneficios fiscales a las empresas que participan en acuerdos que “imponen restricciones a la actividad agropecuaria”.
Se trata de incentivos tales como desgravaciones sobre el impuesto al transporte de mercancías son esenciales, según André Nassar, presidente de la Asociación Brasileña de la Industria de Óleos Vegetales (Abiove), que reúne a las comercializadoras firmantes.
Quedarse con la moratoria y perder los beneficios, o retirarse y mantenerlos es el dilema al que se enfrentan ahora las comercializadoras
«Es un sector con un margen muy bajo. Si pierdes el incentivo fiscal en un estado, se acabó la viabilidad de la operación», asegura a EFE.
Quedarse en la moratoria y perder los beneficios, o retirarse y mantenerlos es el dilema al que se enfrentan ahora las comercializadoras.
Nassar, quien defiende los beneficios del acuerdo para la reputación de las empresas, insiste en que si se retiran será “por fuerza legal”.
La asociación ha sugerido a las ONG flexibilizar la moratoria para adaptarla a la nueva realidad legal, pero los ambientalistas se niegan por considerar que cualquier modificación sería un retroceso.
Se trata de cultivos muy extensos y fuertemente mecanizados / Agencias
Mientras esperan que algún partido político cuestione la constitucionalidad de las leyes en los tribunales, las organizaciones ambientalistas reivindican la reducción de la tala en los municipios productores de soja en la Amazonía.
De 11.424 kilómetros cuadrados deforestados de media al año entre 2002 y 2008, antes del pacto, se pasó a 3.526 entre 2009 y 2022, una tendencia que puede deshacerse en caso de que termine el acuerdo.
Las ONG alertan además de que si eso sucede, Brasil se alejaría irremediablemente del objetivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de conseguir una deforestación cero para 2030.
“Sin la traba que supone la moratoria habrá un aumento expresivo de la tala asociada a la soja”, prevé Mazzetti, de Greenpeace.