Después de años de debate y el reciente fracaso a nivel nacional, la Legislatura de Córdoba aprobó este viernes a la noche la ley de Ficha Limpia. La normativa impedirá que los candidatos que tengan condenas confirmadas en segunda instancia puedan postularse para ocupar cargos públicos.
La ley también afectará a los funcionarios públicos que serán admitidos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No solo abarca a los delitos de corrupción, como se planteaba en la ley que no llegó a debatirse en Diputados de la Nación, sino que contempla el freno de las candidaturas de los condenados en doble instancia por cualquier delito doloso contemplado en el Código Penal o leyes especiales.
Los cambios no solo afectarán a los candidatos que se presenten a cargos públicos en representación de un partido, sino que también afectarán a los funcionarios públicos que sean convocados para desempeñarse en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
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De acuerdo a la letra de la normativa cordobesa, serán inhabilitados los aspirantes que posean una «sentencia condenatoria que haya sido confirmada por sentencia dictada por el tribunal de instancia ulterior, por vía recursiva o impugnativa, ordinaria o extraordinaria de conformidad a las normas procesales que resulten de aplicación».
La iniciativa tomó elementos de un proyecto de la UCR y de otro del oficialismo provincial. Córdoba se suma a las provincias que votaron proyectos de Ficha Limpia, como Chubut y Mendoza (en 2020), Salta (2021), y Santa Fe y Jujuy en 2022.
Recientemente, otro gobernador anunció que en 2025 buscará la sanción de una medida similar. Rolando Figueroa, de Neuquén, anticipó su proyecto en medio de la interna con la ex vicegobernadora Gloria Argentina Ruiz, desplazada de su cargo en medio de una investigación por posible corrupción.
El proyecto de Ficha Limpia se debatió a nivel nacional en noviembre, pero la sesión fracasó por falta de quórum en Diputados, tras una movida del kirchnerismo con apoyo de La Libertad Avanza. La medida buscaba impedir la candidatura de quienes estén condenados en segunda instancia por hachos de corrupción, como la expresidenta Cristina Kirchner.
La caída de la sesión generó cruces y acusaciones cruzadas, además de los reproches de un sector del PRO que impulsaba la iniciativa. Hasta hubo un comunicado de Mauricio Macri, el jefe del partido. Finalmente, el Gobierno se comprometió a trabajar con Silvia Lospennato, referencia de la iniciativa, en un «nueva Ficha Limpia».
La normativa cordobesa surgió surgió de los proyectos presentados por la diputada radical Brenda Austin, y los integrantes del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba (el oficialismo local), Victoria Busso, Julieta Rinaldi, María del Rosario Acevedo e Ilena Quaglino. Además, se fijaron modificaciones en los artículos de la Ley N° 9.571, que establece el Código Electoral Provincial, y la Ley N° 9.572, que enmarca el Régimen Jurídico de Partidos Políticos.
La diputada Busso ponderó que esta nueva ley «es ampliamente superadora de otras normativas existentes en el derecho público provincial y de los proyectos que orbitan en el Congreso Nacional», porque «no solo abarca los delitos de corrupción sino a todos los delitos dolosos previstos en el Código Penal de la Nación y otras leyes especiales”.
LT