Miles de manifestantes se han movilizado este sábado para reclamar la continuidad de la central nuclear de Almaraz, retrasando el cierre previsto en 2027 y en 2028 para cada uno de sus dos reactores. La movilización estaba convocada por la plataforma social ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’, y a ella han acudido no sólo miembros del PP (incluida la presidenta extremeña, María Guardiola) y de Vox, también ha estado presente el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.
El Gobierno central ha mostrado su “respeto absoluto” por los manifestantes que han salido a la calle, pero hadestacado que la petición que se hace desde la plataforma exigiéndole que retrase el calendario de cierre de las centrales nucleares, en realidad, “no es una atribución de este Ejecutivo”, sino que la clausura formalmene se trata de una “decisión empresarial” por parte de las propietarias de la propia central cacereña, las eléctricas Iberdrola (con el 52,7% del capital), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%).
“El PP, que gobierna en Extremadura con el apoyo de Vox en su investidura, está participando activamente en propagar la idea de que es el Ejecutivo el responsable”, indican fuentes oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica, comandado ahora por la vicepresidenta Sara Aagesen. Desde el ministerio se reclama no mentir ni generar falsas expectativas sobre la prolongación de la vida útil de la central de Almaraz. “El Gobierno no cierra, son decisiones empresariales. No es una cuestión técnica, sino económica. El Gobierno actúa de manera responsable, como viene haciendo desde 2018. Sin mentir, sin generar falsas expectativas y buscando soluciones”, apuntan las mismas fuentes. España avanza hacia el apagón total de sus centrales nucleares. Las grandes eléctricas pactaron en 2019 con el Gobierno y con Enresa, la empresa pública encargada de desmantelar las centrales y de gestionar los residuos radiactivos, un calendario de cierre progresivo de todos los reactores. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP -las eléctricas propietarias de las plantas- establece una clausura escalonada de las plantas que arrancaría en 2027 (con Almaraz) y culminaría con el último el cierre en 2035 (con Trillo).
«Las eléctricas no quieren prolongar»
El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene inalterable su plan de ejecutarlo en tiempo y forma. la propia vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, lo ratificó este mismo miércoles. Los socios parlamentarios de izquierda respaldan la clausura de los reactores. Desde diferentes ámbitos empresariales y sociales, y también desde PP y Vox, se ha activado la batalla para intentar retrasar los cierres, con Almaraz como primera punta de lanza. El calendario oficial establece que el reactor I de la central dejará de funcionar en noviembre de 2027 y el reactor II lo hará en octubre de 2028, pero un eventual aplazamiento de la clausura hay que adoptarlo de manera inminente para que los propietarios tomen decisiones sobre compra de combustible nuclear y personal para mantener la planta en funcionamiento.
“Las eléctricas españolas no quieren prolongar la vida de sus centrales nucleares porque les exigiría invertir mucho en las instalaciones para cumplir las normas de seguridad aprobadas por la UE tras el desastre de Fukushima y obtienen más rentabilidad invirtiendo en renovables”, subrayan desde el Ministerio para la Transición Ecológica. “Ninguna de las empresas titulares de las centrales ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica la modificación de este calendario de cierre y lo pueden hacer cuando quieran porque la actividad de generación está liberalizada en España. Ninguno de sus planes de negocio prevé la modificación del calendario de cierre”, esgrimen desde el departamento liderado por Aagesen.
“Son otros actores del ámbito nuclear los que reclaman la ruptura del Protocolo de cierre”, dice el Gobierno, en referencia especialmente a las reclamaciones directas de la patronal Foro Nuclear (que agrupa a Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP), pero que no llegan abiertamente desde las propias compañías eléctricas titulares de las centrales. “Ahora se añaden los líderes del PP porque ven la posibilidad de confrontar con el Gobierno central”, denuncian fuentes gubernamentales, obviando la presencia del líder socialista extremeño en la protesta. “El Gobierno espera que el PP se una al trabajo por el futuro”, apuntan, en referencia a la puesta en marcha de otros proyectos industriales en las regiones afectadas por los cierres de centrales, como la iggafactória de la china Envision para producir baterías en Extremadura, con una inversión de 1.000 millones de euros y una ayuda aprobada por el Ejecutivo de 300 millones de fondos europeos.
El nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado por el Gobierno el año pasado, la hoja de ruta ambiental y energética hasta final de la década, recoge sin cambios ese calendario de cierres hasta el apagón nuclear total en 2035, en un proceso continuado de sustitución de los reactores por un despliegue masivo de nuevas instalaciones de energías renovables. “El cierre nuclear se hará de un modo ordenado, acompasado con la entrada de más energía renovable. Las renovables pueden generar entre tres y cuatro veces más energía que la nuclear al mismo coste”, dice el Ejecutivo.”Durante la pasada primavera, y debido al avance renovable, Almaraz II paró más de un mes para evitar pérdidas por los bajos precio de la electricidad producida con renovables”.
El Gobierno de coalición y los socios parlamentarios de izquierda respaldan la clausura de los reactores, mientras que desde el Partido Popular, Vox y también Junts se respalda retrasar los cierres y ampliar la vida de las nucleares más allá de las fechas de apagado previstas. Las propias compañías nucleares confirman que alargar la vida de los reactores mucho más de lo previsto es técnicamente posible y viable desde el punto de vista de seguridad. Pero aunque la patronal de las nucleares respalda la ampliación de la vida de los reactores, lo hace con condiciones. Y es que Foro Nuclear exige una gran rebaja de los impuestos que pagan las centrales nucleares como exigencia para seguir funcionando y asegurar la rentabilidad y la viabilidad de las centrales.