En los últimos días, miles de personas se manifestaron en Bucarest, Rumanía, en protesta por la nefasta decisión del Tribunal Constitucional rumano de anular las elecciones presidenciales de noviembre del pasado año.
La manifestación fue organizada por el partido de derecha, la Alianza por la Unión de Rumanos (AUR), y congregó a decenas de miles de personas, en su mayoría seguidores de Călin Georgescu, quien había ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 24 de noviembre.
Georgescu, conocido por sus posturas euroescépticas y de derecha, obtuvo alrededor del 23% de los votos en esa ronda, superando ampliamente a los otros candidatos.
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El Tribunal Constitucional anuló la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 8 de diciembre de 2024, después de que el Consejo Supremo de Defensa Nacional asegure que desclasificó documentos de los servicios secretos que mostraban interferencia de un supuesto «actor estatal» en el proceso electoral.
Este fallo también invalidó los resultados de la primera vuelta. En respuesta, la AUR aclaró que la manifestación representa al pueblo rumano y que su partido solo brindó la plataforma para que los ciudadanos expresaran su descontento con la anulación de las elecciones y pidieran la reanudación del proceso electoral, comenzando con la segunda vuelta.
El 6 de diciembre, el gobierno rumano aprobó la nueva fecha para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrará el 4 de mayo de 2025. Si no hay un ganador claro en la primera vuelta, la segunda vuelta se llevará a cabo el 18 de mayo de 2025.
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El portavoz del gobierno, Mihai Constantin, detalló que se emitieron dos decisiones gubernamentales y una ordenanza de emergencia para establecer las fechas de las elecciones. Además, se permitió que los rumanos en el extranjero votaran durante tres días, con algunas modificaciones en los horarios de votación.
Este ajuste se habría implementado para evitar que la diferencia horaria entre los votantes en el extranjero y los de Rumanía afectara el proceso electoral.
En la misma reunión, el primer ministro rumano, Marcel Ciolacu, anunció la introducción de sanciones a las redes sociales por ser utilizadas por ciertos candidatos. Según Ciolacu, la medida se adoptó para garantizar que las reglas fueran las mismas para todos los candidatos y para poner fin a la práctica de que las plataformas sociales favorecieran a un competidor en particular, como se alegó en las últimas elecciones.
Las multas podrían llegar hasta el 5% de la facturación de las plataformas que infrinjan estas normas.
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El contexto de la anulación de las elecciones de 2024 está marcado por las alegaciones de interferencia extranjera, particularmente la posible participación de Rusia en actividades cibernéticas para socavar la integridad de la primera vuelta electoral, un pretexto ya utilizado para intentar frustrar la presidencia del estadounidense Donald Trump.
Las autoridades rumanas habían señalado erróneamente que Georgescu se benefició de una campaña masiva en las redes sociales, especialmente en TikTok, que supuestamente le dio un tratamiento preferencial. TikTok ha negado rotundamente las acusaciones de haber favorecido a Georgescu en la campaña.
La decisión del Tribunal Constitucional fue recibida con indignación por muchos ciudadanos, incluidos los seguidores de Georgescu, quienes denunciaron lo que consideraban un «golpe de Estado formalizado».
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En este clima de tensión política, también se llevaron a cabo protestas en Bucarest en apoyo de Georgescu y contra la cancelación de la votación. En la manifestación, los participantes exigieron la renuncia del presidente Klaus Iohannis, un socialdemócrata que ha permanecido en el cargo ilegalmente hasta la elección de su sucesor.
A medida que se prepara para las nuevas elecciones, el gobierno rumano ha implementado nuevas medidas dictatoriales para regular las campañas electorales y perpetuarse en el poder.
En un decreto emitido el 14 de diciembre, se estipuló que todo el material de campaña debe ser claramente identificado como contenido electoral y que los patrocinadores de estos materiales deben ser identificados públicamente.
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Además, las plataformas de redes sociales deberán retirar cualquier contenido que no cumpla con las normas electorales en un plazo de cinco horas, bajo la amenaza de multas que podrían alcanzar entre el 1% y el 5% de su facturación.
A pesar de estos esfuerzos por regular las elecciones, grupos de derechos humanos han criticado al gobierno por no consultar al público antes de emitir el decreto, señalando que las nuevas reglas no abordan adecuadamente los problemas relacionados con la financiación de campañas.
Las críticas se centran en la percepción de que las reformas podrían no ser suficientes para garantizar un proceso electoral justo y transparente.
El proceso electoral en Rumanía también está en el centro de la atención internacional, especialmente por la supuesta injerencia por parte de la Unión Europea en el proceso electoral. La Comisión Europea abrió procedimientos formales contra TikTok por su presunto fracaso en limitar la interferencia electoral.
La anulación de las elecciones ha generado un debate profundo sobre la integridad del proceso electoral y la influencia externa, mientras el país se prepara para una nueva confrontación electoral en 2025.
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