Como es habitual, el Gobierno ha aprovechado el último Consejo de Ministros del año para aprobar ‘in extremis’ todas aquellas medidas que deben entrar en vigor a partir del próximo curso y entre las que figura la prórroga durante dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2026, del denominado ‘escudo antiopas‘. Creado durante la pandemia, con esta medida el Gobierno se reserva autorizar (o no) cualquier operación de inversión extranjera en empresas estratégicas nacionales que afecten a la seguridad, salud y orden público.
Así lo ha informado tras la intervención pública del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ministerio de Economía, a través de un comunicado en el que explica que el régimen se aplicará a las inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) en empresas cotizadas en España y en no cotizadas cuando el valor de la inversión supere los 500 millones de euros.
Asimismo, añade Economía, se consideran inversiones extranjeras directas aquellas en las que el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital social de la sociedad española o que adquiera el control de la sociedad conforme a los criterios establecidos en el artículo 7.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
«Esta medida busca también asegurar un entorno competitivo y equilibrado que favorezca el desarrollo económico sostenible», afirma el departamento que dirige Carlos Cuerpo en la citada nota.
Fue en el año 2020, pocos meses después del inicio de la pandemia del coronavirus, cuando el Ejecutivo decidió modificar la legislación sobre el control de inversiones extranjeras procedentes de fuera de la Unión Europea (introducción del artículo 7 bis en la Ley 19/2003) para evitar ofertas de compra hostiles de grupos extranjeros en compañías nacionales de sectores estratégicos. En julio de 2023 aprobó la normativa que desarrolla este régimen a través del Real Decreto de Inversiones Extranjeras.
Pero además, el Ejecutivo amplió la protección establecida a las inversiones provenientes de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en ciertas circunstancias a través del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre. Desde entonces, este régimen sobre las inversiones intracomunitarias ha sido prorrogado sucesivamente para mantener la protección sobre sectores estratégicos en un contexto de incertidumbre global.