McALLEN, Texas, EE.UU. (AP) — El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha iniciado una revisión de las organizaciones que proporcionan alojamiento temporal y otra ayuda a los migrantes, planteando que podrían haber violado una ley utilizada para procesar a contrabandistas.
El Departamento de Seguridad Nacional tiene “preocupaciones significativas” de que las subvenciones federales utilizadas para abordar un aumento de la migración durante el gobierno del expresidente Joe Biden se hayan utilizado para actividades ilegales, escribió Cameron Hamilton, administrador interino de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
Su carta, fechada el martes y obtenida por The Associated Press, solicita a los beneficiarios de las subvenciones del Programa de Refugio y Servicios de la FEMA que proporcionen nombres e información de contacto de los migrantes atendidos y “una lista detallada y descriptiva de los servicios específicos proporcionados” en un plazo de 30 días. La misiva indica que el financiamiento será retenido en lo que se lleva a cabo la revisión.
Si bien no amenaza explícitamente con una acusación penal, dice que se teme que los beneficiarios puedan haber violado la Sección 1324 del Código Penal de Estados Unidos, un delito grave relacionado con el cruce ilegal de personas a través de la frontera o su transporte dentro del país. También señala que los directores ejecutivos deben firmar declaraciones juradas en las que afirmen no tener conocimiento ni sospechas de que alguien en sus organizaciones haya violado la ley de contrabando.
La FEMA no respondió de momento a una solicitud de comentarios el miércoles por la noche.
La demanda parece ser un nuevo ataque contra las organizaciones que proporcionan alimentos, alojamiento y ayuda para viajes a las personas que cruzan la frontera. A menudo los migrantes llegan exhaustos, con poco dinero y sin saber cómo moverse por su cuenta en estaciones de autobuses y aeropuertos.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, un republicano que estuvo en desacuerdo con el gobierno de Biden sobre el manejo a la inmigración y está estrechamente alineado con la Casa Blanca de Trump, adoptó un enfoque similar contra los grupos de ayuda a migrantes, pero fue bloqueado en los tribunales.
El Programa de Refugio y Servicios de la FEMA otorgó 641 millones de dólares a docenas de gobiernos estatales y locales y organizaciones en todo el país en el año fiscal 2024, con el fin de ayudarles a lidiar con grandes cantidades de migrantes que cruzaron la frontera desde México. Incluyen las ciudades de Nueva York, Filadelfia, Chicago y Denver, así como United Way de Miami, el Banco de Alimentos de San Antonio y varias sucursales de Catholic Charities.
No estaba claro si algún gobierno recibió las cartas, pero el gobierno de Trump ha criticado duramente a los estados, condados y ciudades que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. El mes pasado, demandó a Chicago por leyes que, según dijo, obstaculizaban la aplicación de la ley federal.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.