En lo formal solo habrá una movilización hacia el Congreso; a partir de las 16, para marchar por el reclamo de los jubilados. En la práctica, algunas de las agrupaciones que convocan se trasladarán de manera inorgánica desde temprano para protestar por la sesión de Diputados para blindar el DNU que ratifica -sin una ley- el acuerdo con el FMI. El Gobierno, por las dudas, quiere una votación rápida en la Cámara Baja que no agite los ánimos cuando llegue el grueso de militantes hasta las inmediaciones del Palacio Legislativo. En la previa, en el Ejecutivo esperaban el triple de manifestantes que el miércoles pasado, pero no más de 15 o 20 mil militantes.
Las organizaciones sociales cercanas al peronismo y las de la izquierda se cuentan entre los principales convocantes a la marcha de agrupaciones de jubilados. Las primeras, nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y con lugares de poder en la administración del Frente de Todos, vuelven a ser la punta de la lanza del peronismo en la calle. También habrá columnas de las dos CTA y de gremios y sectores de la CGT, como la CATT. Se espera la movilización de gremios docentes de la UBA y de otros más cercanos al sindicalismo de izquierda como SUTNA (neumáticos), Gráficos Morvillo, Ademys y Telefónicos.
Otra vez dirán presente columnas y referentes del Frente de Izquierda como Nicolás del Caño y Myriam Bregman. Si bien está previsto que haya militancia peronista que llegará desde algunos municipios; no habrá intendentes ni referentes del PJ en la movilización.
A último momento se sumó La Cámpora. «No al FMI. Por los jubilados. Por Pablo Grillo«, señalaba la leyenda que la organización que lidera Máximo Kirchner difundió en redes en la tarde del martes. En la orga K todavía no confirmaron cuáles de sus referentes se sumarán.
En la sede de la UTEP, en Constitución, hubo en los últimos días varias reuniones entre los referentes de organizaciones como el Movimiento Evita que lidera Emilio Pérsico; el MTE que fundó Juan Grabois; Barrios de Pie y agrupaciones más pequeñas para organizar la marcha y garantizar la seguridad de los manifestantes. “Queremos una marcha en paz”, aseguró Nicolás Caropresi, secretario gremial de la organización y ladero de Grabois, que volverá a ser de la partida.
No hubo diálogo con funcionarios del ministerio de Seguridad nacional ni de la Ciudad, como en otras ocasiones. Los referentes de las organizaciones creen que habrá un vallado contundente, que la semana pasada estuvo ausente. “No hay que ser necio. O dispersas o evitás el corte de calle”, consignó un funcionario. Como informó Clarín, el operativo generó cortocircuitos en el Gobierno y con la Ciudad y también críticas puertas adentro del Ejecutivo, más allá de los gestos de respaldo cerrado a Bullrich.
De manera preventiva, los manifestantes que lleguen desde el conurbano se movilizarán en tren y en subte y sin banderas y en grupos de no más de 20 personas. Los movimientos sociales quieren garantizar columnas para entrar y sobre todo para salir. Temen especialmente la desconcentración, cuando suele producirse el avance de las brigada de motos de la policía de la Ciudad. “Son una verdadera cacería”, se quejan entre las organizaciones. Hubo diálogo cruzado con los dirigentes de Mapa Policía, que identificaron al gendarme que disparó al fotógrafo Pablo Grillo.
El diputado socialista Esteban Paulon solicitó habeas corpus preventivos y, a pedido del CELS, el juez federal Martín Cormick supervisará in situ el operativo. Dirigentes políticos, artistas de rock y folclore y deportistas firmaron una carta abierta para exigir a las autoridades nacionales y porteñas que garanticen la libertad de reunión.
Las organizaciones que permanecían al Frente de Unidad Piquetera -de izquierda- también serán de la partida, con el Polo Obrero de Eduardo Belliboni a la cabeza. También dirán presente, el MTR Votamos Luchar Por; El Cambio Social – Cuba.-M.Tr./Mido , M☆29 , MTR 12 De Abril, el Bloque Piquetero Nacional, el Frente De La Resistencia Indígena, el Movimiento Rebelión Popular Facundo Molares y la William Cooke, entre otras organizaciones de izquierda.
Como informó este diario, en el Gobierno evalúan presentar denuncias por delitos federales -como atentados contra el orden constitucional- contra los manifestantes que pudieran resultar detenidos; en lugar de los delitos menores de daños que entiende la Justicia porteña. Esa estrategia se utilizó en parte con la sanción de la ley bases, cuando 12 de los 33 detenidos fueron acusados por el fiscal Carlos Stornelli por delitos contra la seguridad pública; instigación a cometer delitos; intimidación pública; incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones.
En ese contexto fue sugerente la participación del viceministro de Justicia Sebastián Amerio en la reunión para coordinar la seguridad de la marcha que encabezó Bullrich, el jefe de la SIDE Sergio Neiffert y Manuel Adorni en el despacho de Santiago Caputo. En la Cartera que lidera -nada más que en los papeles- Mariano Cúneo Libarona consignaron que esa prerrogativa la definirá el ministerio de Seguridad.