«La relación con Federico es re buena». Federico es Sturzenegger y quien lo elogió en las últimas horas fue Luis Caputo. En simultáneo, el asesor presidencial salió a ponderar el superávit fiscal como un «logro extraordinario» y dijo que «el ajuste es popular». Los dos viejos rivales buscaron bajarle el tono a las diferencias que arrastran desde sus peleas en la gestión de Mauricio Macri y que ahora volvieron a resurgir tras la crisis de gabinete.
Dos semanas después de que el Presidente lo anunciara como el «próximo ministro», Sturzenegger sigue sin ministerio. «No hay nada definido», aseguran cerca suyo. La idea era que el ideólogo del decreto desregulador (DNU 70) y la Ley Bases tuviera mayor injerencia en los contratos de concesiones de empresas públicas y las privatizaciones. Lo cierto es que todavía no ocurrió ni una cosa ni la otra y crecen los rumores de la resistencia a su desembarco.
Los últimos tironeos involucran a la secretaría de Concesiones, una de las cinco áreas que en febrero pasaron a manos del Ministerio de Economía y le significaron el manejo de mayores recursos, con el desguace del Ministerio de Infraestructura acordado entre Posse y Caputo. «La expectativa era que Concesiones pasara al área de modernización de Sturzenegger, pero no termina de arrancar», reconocieron en un despacho oficial.
Hoy, Concesiones está a cargo de Mariano Mirotti, un abogado cordobés con experiencia en la gestión de Carlos Menem. Desde 1995 hasta 1996, fue jefe de asesores de la secretaría de Energía y Transporte, bajo la esfera del ministro de Economía, Domingo Cavallo. Entre 1998 y 1999, fue jefe de asesores de la secretaría de Obras Públicas. Y durante el gobierno de Fernando de la Rúa presidió el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Infraestructura.
Mirotti desembarcó con la orden de impulsar la infraestructura mediante la concesión de servicios con licencias vencidas, prorrogadas en forma precaria o bien estatizadas. Por pedido de Milei, centralizó la concesión de rutas, ferrocarriles y la hidrovía, en la mira de empresas de EE.UU y China. El plan era reemplazar la inversión pública por el sector privado, un modelo que nunca prosperó en la construcción y llevó a iniciar su traspaso a las provincias.
A partir del desarme de Infraestructura, Caputo sumó Concesiones, Energía, Obras Públicas, Transporte y Vivienda, mientras Posse mantuvo cierto control de las empresas públicas a cargo de Economía, como Aerolíneas Argentinas, AYSA y el sistema ferroviario, a través de su secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Mauricio Botto. Ese «doble comando» funcionó hasta el estallido de la crisis en el gabinete, que reactivó a Sturzenegger, sin terminar de empoderarlo.
«Quieren armar un nuevo ministerio, los contenidos no eran la desregulación, sino los restos del exmininisterio de Infraestructura, que quedaron en jefatura y Hacienda, pero deben estar tironeando de varios lados», señaló una fuente cercana al encargado de desregular la economía. «Están tratando de limitarle funciones para que no haya cortocircuitos con Caputo», señalaron desde una usina del macrismo, mientras en el Palacio de Hacienda mantienen silencio.
No sería el único caso. Si bien el extitular del Banco Central sonaba para desembarcar con su equipo en la secretaría de Botto, Santiago Caputo le ganó de mano y acomodó prácticamente a Diego Chaher, el interventor de los medios públicos premiado por clausurar Télam. Lo que se discute ahora es si el área pasa a ser una «unidad» -organismo de menor rango- con la firma del nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, o se lotean las empresas entre los ministerios.
La interna encerraría una guerra de «sponsors privados», interesados en conquistar áreas sensibles en un gobierno donde ya cavaron trincheras el grupo Techint (Paolo Rocca), Corporación América (Eduardo Eurnekian) y Roggio (Benito Roggio e hijos), del cual proviene Mirotti. El problema, como reconoció Sturzenegger, es que los privados quieren la desregulación, sin que los desregulen a ellos. «Lo ven como una amenaza», resumió un allegado.
Pese a las diferencias, Caputo justificó el domingo la decisión del exhombre de Cavallo de convertir las empresas públicas en sociedades anónimas con el DNU 70, una medida a la que siguió la venta de 40 compañías estatales prevista en la primera Ley ómnibus y finalmente un listado de 11 en el último dictamen. «Cuando pusieron en el DNU todas las empresas a privatizar, dije es exagerado, y tiene razon Fede, no sirve eficientizar, hay que eliminar esas cajas», sostuvo.
En ese plano, parece haber una coincidencia: la de abandonar el plan fallido de «saneamiento» impulsado por Posse y Botto. Milei está preocupado porque junio arrojaría un «déficit operativo» y los empresarios, como se quejó, no terminan «poner las pelotas». La aceleración de la «transferencia» de empresas estatales apuntaría no solo a estimular negocios e inversiones, sino también a reducir un déficit de $ 1,6 billones, ante la dificultad creciente para licuar y pisar gastos.