Desde el bloque de legisladores de la UCR se presentó un proyecto en la Unicameral cordobesa en el que se solicitó la comparecencia en este cuerpo legislativo del ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, para que brinde información detallada sobre la situación penitenciaria de la Provincia de Córdoba y en particular del Penal de Bouwer.
El pedido fue presentado por el legislador radical Miguel Nicolás y cuenta con el apoyo del interbloque de Juntos por el Cambio, en el que se solicita que, “debido a las numerosas denuncias que existen sobre hechos de delincuencia, narcotráfico y delitos sexuales, entre otros graves actos cometidos por internos y personal penitenciario”, el ministro se presente en la Legislatura de Córdoba.
“Los hechos denunciados por civiles, familiares y propios de las investigaciones que la Justicia provincial y federal realizan manifiestan el total descontrol del Servicio Penitenciario que ostenta el dato más anecdótico en la historia penitenciaria del mundo, teniendo tras las rejas al propio exdirector del Penal de Bouwer y parte de sus funcionarios también involucrados”, se precisó en los fundamentos.
“Muertes, rehenes, drogas, celulares, policías involucrados en delitos, presumen una total y absoluta falta de control por parte de las máximas autoridades de la Provincia que nunca pudieron en 25 años de gobierno establecer una verdadera política penitenciaria”, expresó el legislador Nicolás.
“Los repetidos hechos de delincuencia desde afuera y desde adentro de los establecimientos penitenciarios es un problema constante que aporta su porcentaje real a los índices de inseguridad que manifiesta la provincia de Córdoba. La insuficiente política penitenciaria y la falta de controles de seguridad, sumado a la corrupción de una parte del personal penitenciario, generan una de las combinaciones más peligrosas en materia de seguridad, creciendo de manera expositiva hasta manejar la propia conducción penitenciaria”, agregó.
También hizo mención a que “el mal desempeño en la función pública es uno de los recursos que la Legislatura provincial puede evaluar de un funcionario provincial que evidencia una serie de irregularidades y o carencias en las prestaciones de sus funciones, que pueden desencadenar el pedido de juicio político”.