Motosierra, guadaña o como se lo quiera llamar, ajuste al fin, el saque aparece todo el tiempo en las cuentas públicas y, bien concretamente, en los gastos del Estado. Por ahí pasan el superávit fiscal o el déficit cero y la emisión cero que Javier Milei ostenta como un sello de su gestión y una pieza clave apuntada a sostener la confianza de los mercados y la de los acreedores.
Siempre grandilocuente, el Presidente ha dicho: “Hemos llevado adelante el ajuste más grande de la humanidad”, que permitió “devolverle 15 puntos del PBI al sector privado”. Sostuvo, también, que “el país está entrando en su mejor momento de los últimos cien años“ y que “en poco tiempo la economía estará volando”.
Para que se entienda, la devolución de 15 puntos del PBI equivale a US$ 93.000 millones. Y si se agregan los 13 que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha anticipado para el futuro cercano estaríamos hablando de US$ 173.000 millones. Todo grandioso aunque dudosamente provechoso para el Estado argentino, en caso de que se le asigne algún valor al Estado.
Por de pronto, se da por probado y fuera de discusión que el equilibrio de las cuentas públicas estuvo detrás del 2,7% que marcó el índice de precios del INDEC en octubre, el registro más bajo en casi tres años. Menos destacable fue el 107% que la estadística anotó de enero a octubre y mucho menos, el 193% de octubre 24 versus octubre 23.
La contracara del guadañazo al gasto del Estado en subsidios a los servicios públicos fue, justamente, un golpe a las facturas que en octubre levantó a $ 134.414 el costo de una canasta del Área Metropolitana (AMBA) que incluye energía eléctrica, gas natural, transporte y agua.
Según un trabajo del Instituto Interdisciplinario de Economía y Política de la UBA y el CONICET, el costo del paquete aumentó un 369% entre diciembre 23 y octubre 24, con el 715% de la electricidad a la cabeza.
Esto es, nada menos que 262 puntos porcentuales más que la propia inflación o 250 por encima del 119% que anotó el índice salarial total que mide el INDEC. Digamos, pues, que por este lado las cosas no dan para andar festejando.
Valen ahora otras cifras de la Oficina de Presupuesto del Congreso, para que no falte la referencia: cuentan que en los primeros diez meses de 2024 los subsidios energéticos aumentaron un 34,4% real respecto de enero-octubre del 2023 y significaron un gasto de 5,2 billones de pesos que pasa a 6,7 billones con el transporte.
Las magnitudes ya anticipan motosierra para el 2025 o alguna de las alternativas que se barajan en el Ministerio de Economía.
Es que aquí reaparece el triángulo inflación-tarifas-subsidios y la necesidad de acertar con la salida, pues está claro que el 2,7% se asemeja a una cota que mejor no rebasar; entre otras cosas, porque una secuencia 3,1 o 3,2% después de 2,7%, para hablar de una posibilidad mesurada, puede ser interpretada como un traspié del plan. Y más aún, erosionar la idea de que se puede pasar cómodamente de las minidevaluaciones mensuales del 2% a otras del 1%, a caballo de la baja del índice inflacionario y sin riesgos.
Y si el retorno a los subsidios luce fiscalmente demasiado caro, la alternativa que manejan Caputo y Cia tampoco pinta digamos barata. Así parece, aunque se decida ir con aumentos más moderados que el 60% que piden las compañías eléctricas o el 50% que ronda entre las gasíferas, o sea, de magnitudes que sirvan al doble objetivo de sostener el servicio y evitar coletazos políticos.
El punto esta vez se llama atraso tarifario o marcha atrás con el siempre vivo objetivo de que las tarifas fuesen cubriendo el costo de los servicios. Según números de especialistas, en el AMBA las tarifas bancan en promedio el 53% de lo que sale sostener el servicio, mientras el Estado se hace cargo del 47% restante.
Un costo del ajuste fiscal que no parece incomodar el gobierno libertario aparece en el parate de la inversión pública en infraestructura, tanto la digamos nacional como la provincial. Cuestión de prioridades, pasa a pesar de que el deterioro de lo que hay encarece costos, siembra obstáculos y representa una rémora para una economía que se pretenda competitiva y en desarrollo.
Nuevamente números: entre enero y octubre de 2024, los gastos de capital que es como decir la apuesta a la inversión básica se desplomaron un 77,5% real, o sea, descontada la inflación. Y un 79% las transferencias de la Nación a las provincias destinadas a los mismos fines. Un panorama de obras paradas o a medio terminar acompaña el apretón.
Pero nada iguala el caso de las jubilaciones y pensiones, siempre peleando la punta en el campeonato de los ajustes. El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso revela que este año el poder de compra de los haberes promedio bajó un 23,3%, es decir, en menos de doce meses desapareció casi la cuarta parte de lo poco que había. Y el del haber mínimo, retrocedió 16,9% con bonos incluidos.
Final a cargo de las llamadas transferencias discrecionales del gobierno central a las provincias. El saque va de un lado al otro, también aquí: se venció y no será renovado el fondo que sostenía parte de los salarios docentes; se desplomó un 99% el gasto para obras viales esenciales, desde caminos y calles a rutas, y quedó en cero el financiamiento de las cajas previsionales que pasaron de las provincias a la Nación.
¿Y por qué se llaman transferencias discrecionales? Obvio: porque se deciden arbitrariamente y suelen funcionar como un sistema de premios y castigos, según cómo se alineen los gobernadores.