Desde la creación del Tribunal de Gestión Asociada (TGA) en la ciudad de Córdoba, el pasado 16 de agosto, la tramitación de las causas de violencia de género en modalidad doméstica tuvo un aumento muy importante respecto de igual período de 2023. Son datos oficiales emitidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
En este primer trimestre de implementación, ingresaron más de 10 mil denuncias por violencia familiar, lo que implica un aumento del 5% en comparación con igual trimestre de 2023. El 20% de esos ingresos corresponden a las causas más graves de violencia de género en modalidad doméstica.
Si bien el aumento de las denuncias se puede entender como un efecto de la mayor conciencia social sobre el tema, lo más significativo es el nuevo modelo de gestión implementado por la Justicia provincial.
En la práctica, implica una nueva organización funcional y un rediseño en la estructura, a partir de una nueva forma de trabajo integrado y colaborativo, con la finalidad de alcanzar un proceso más eficiente y cercano a la ciudadanía.
Ahora, las juezas cuentan con mayor disponibilidad para tomar audiencias y resolver el gran volumen de casos, y dos unidades de Juezas y una Oficina de Gestión de Procesos se encuentran abocadas exclusivamente a las causas más graves de violencia de género en modalidad doméstica.
Estos casos se determinan por la presencia de indicadores de gravedad incluidos en el formulario de denuncias; indicadores que se refieren a situaciones de embarazo, agresores pertenecientes a fuerzas de seguridad y hechos cometidos con armas.
Todo ello se traduce en números positivos: en comparación con igual período de 2023, en tres meses las causas en las que se solicitó la celebración de audiencias aumentaron un 145%; la cantidad de audiencias concretadas aumentaron un 67%, y se adoptaron más de 11 mil medidas cautelares en resguardo de las víctimas.
Además, la creación de una oficina destinada a la recepción y a la incorporación de los oficios de notificaciones de medidas cautelares y las constancias de tratamientos o documentación que incorporan las partes posibilitó la carga de más de 20 mil operaciones.
Los cambios implementados en nuestra capital ahora deben trasladarse al interior provincial, donde la situación de violencia de género sigue siendo preocupante. Por ejemplo, la Mesa Regional de Violencia de Género que agrupa a los municipios vecinos a Jesús María, y en la que participan, junto con los intendentes, jueces, fiscales, referentes políticos y de la sociedad civil, solicitó a la Legislatura la creación de un juzgado especializado en la temática, con los equipos técnicos correspondientes.
En lo que va del año, sólo la Municipalidad de Jesús María, a través de la Unidad de Políticas de Género, ha brindado acompañamiento a unas 70 mujeres con diversas problemáticas vinculadas a la violencia, mientras que otras 140 mujeres recibieron asesoramiento.
Con hechos concretos, el Poder Judicial demuestra que necesitamos más políticas públicas contra la violencia de género. Negar la problemática o utilizar otra terminología para eludir la clave genérica es insensato.